EL PROBLEMA ACTUAL
EL ENDEMICO DESASTRE NACIONAL
La persistencia de los grandes problemas que siguen afectando a nuestra población no se debe solamente a la característica ineptitud para gobernar, ni a la corrupción, ni a simples desatinos, sino al sistema mismo. El sistema imperante atrae a los ineptos. La corrupción es sólo una de las consecuencias de un sistema populista, arbitrario, mercantilista, lleno de incentivos perversos, que son explotados políticamente a expensas de la población. Todo ello impide a los ciudadanos desarrollar responsable y creativamente su potencial para generar riqueza.
La persistencia de nuestros problemas tampoco se debe a falta de ingeniosos modelos adoptados por consenso, sino a que una constitución reglamentaria, como la que está en vigor, le encarga al Gobierno resolver todos los problemas habidos y por haber. En el intento de hacerlo, se ha dotado a los funcionarios públicos de cualquier nivel, de una autoridad discrecional que consideran es su deber ejercer, mientras se descuidan las funciones que el Gobierno debe tener como prioritarias. En el afán de evitar los costos inherentes al progreso, se han sobre-reglamentado todas las actividades ciudadanas, al grado de sofocar las iniciativas, causando así mayores costos innecesarios, que disminuyen la productividad del país entero.
Así se explica el fracaso económico, reflejado en los bajos salarios y en las pocas oportunidades de empleo e inversión. Evidencia de ello es la fuga de nuestra juventud, lo mismo que la corrupción endémica.
Cuando no existe una intervención arbitraria y discrecional de los funcionarios públicos que afecte a los patrimonios particulares, tampoco existe la corrupción, implemente porque no se presenta la oportunidad para que la misma prospere.
Tampoco hay que buscar muy lejos la causa de los problemas, porque donde el quehacer económico de los particulares es innecesaria y constantemente interferido, no solamente se estorba y se complica la vida de las personas, sino que se desalienta su iniciativa. Para colmo, la interferencia oficiosa no permite la eficiente asignación de recursos humanos y materiales, con la consiguiente pobreza en la que estamos atrapados. Existe el capital nacional requerido para iniciar un despegue económico, pero no se podrá repatriar y aprovechar en tanto no existan las condiciones y oportunidades para ser invertido aquí.
No hay ninguna razón para impedir las relaciones pacíficas y respetuosas de los habitantes o para intervenir en ellas. Ni es aceptable justificar el otorgamiento de poderes arbitrarios a ciertos políticos, con la excusa de que alguien debe juzgar la conveniencia o inconveniencia de los actos privados de los habitantes. El Estado debe limitarse a velar por la prevalencia de una conducta justa, basada en principios generales de derecho, y no constituirse en el amo de los ciudadanos.
¿Qué mal podría resultar, si esto se lograra?
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EL "MODELO" ESTA AGOTADO ¿QUE HACER?
Ningún país, en ningún tiempo, ha tenido éxito con el modelo democrático que le otorga al Gobierno un excesivo protagonismo, característica muy común en las constituciones reglamentarias que han adoptado nuestros países subdesarrollados. Un protagonismo estatal así no existió en los países que, durante el siglo de su gran despegue (1850 a 1940), establecieron la infraestructura de capital necesaria y la cultura que les permitieron distanciarse de la pobreza, a pesar de las grandes guerras en que estuvieron envueltos. Por ello vemos en todo el continente latinoamericano el mismísimo tipo de pobreza generalizada y distintos grados de miseria. Infructuosos han resultado todos los programas de ayuda y los consejos de las grandes entidades internacionales, en su afán de hacer funcionar lo impracticable, porque las influyentes agencias que brindan ayuda económica y formulan consejos no recomiendan la adopción de los principios que hicieron prosperar a los países ricos de hoy, sino, por el contrario, con frecuencia los ignoran o piensan que ya no son aplicables. Es frecuente que los países ricos recomienden sistemas sociales que ellos han podido sufragar precisamente porque se han hecho ricos, aunque los problemas que confrontan evidencien ya que tal costo solamente se pueda seguir sufragando por algún tiempo.
Los malaconsejados gobiernos de los países pobres han puesto sus esfuerzos más en la redistribución de su escasa riqueza que en la producción y aumento de la misma. Los gobiernos no han intentado abordar los problemas como corresponde: precisamente del lado de la eficiente producción de riqueza.
Transcurridas seis décadas desde la Segunda Guerra Mundial, y después de los muchos intentos hechos por múltiples y variados partidos, populistas o elitistas, civiles o militares, de izquierda o de derecha, es ya evidente que el sistema intervencionista, mercantilista y paternalista no produce ni prosperidad ni paz. Por ello, ante la crisis crónica que sufre el país, no se propone un plan iluso con “más de lo mismo”, sino un cambio radical en el quehacer democrático, respetando los principios básicos de la convivencia social, los derechos individuales, y una democracia limitada por esos mismos derechos, pero sin convocar a una asamblea constituyente, que, debido a las inevitables presiones políticas, resultaría, por consiguiente, en "más de lo mismo".
No podemos seguir con la vana ilusión de que algún día puede llegar al poder el hombre bueno e iluminado. Debemos impulsar y defender un estilo de gobierno que facilite el éxito al que llegue al poder, independientemente de quién sea tal persona
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LA DEMOCRACIA NO BASTA
Reconocemos que el sistema regido por los cambios constitucionales propuestos no estará libre de errores, pero la única opción que tenemos es adoptar el sistema menos imperfecto. Lo que sí es ya evidente es que el sistema de discrecional protagonismo económico del Gobierno es un total fracaso, como lo demuestra la falta de progreso en todos los órdenes -salud, educación, salarios, vivienda, empleo, infraestructura, etcétera-, a pesar de los sucesivos cambios de gobiernos electos democráticamente, los aumentos del presupuesto y las nuevas burocracias. Es un hecho demostrado que la democracia no basta, y que lo importante es la definición de las funciones propias de un gobierno democrático y su manera de hacer las normas.
De no promover una reforma constitucional, que incluya principios generales y básicos de convivencia social (sobre los cuales no es difícil lograr el consenso general, puesto que se trata de principios), ajena a los intereses de grupos, estaremos siempre sujetos a la imposición de la última ocurrencia del funcionario o pequeño grupo de personas que controla el Gobierno, presionados por todos los diversos grupos de intereses específicos, con un cuerpo legislativo incongruente, arbitrario y discriminatorio.
Con la excepción de cuidar a los menesterosos y de no fomentar la indigencia, con el cambio constitucional propuesto, el Gobierno dejará gradualmente la solución de los problemas sociales a los ciudadanos: el papel del Gobierno será subsidiario y, por tanto, la carga impositiva será moderada y las oportunidades de corrupción mínimas.
Las Leyes (no así la legislación) serán generales, abstractas y establecidas a priori. Esto significa, por ejemplo, que no habrá leyes de excepción, que permiten a unos hacer algo que cualquier otro no puede hacer, aunque tenga la oportunidad y disponga de los recursos necesarios.
No se intentará resolver problemas de unos disponiendo de los recursos de otros, en contra de la voluntad de los mismos. Por ejemplo, no podría una mayoría exigir democráticamente a una minoría, en contra de su voluntad, que le provea de vivienda, alimentos, medicinas, diversión, etc., mediante el establecimiento de impuestos discriminatorios, distintos de los que la misma mayoría estaría dispuesta a pagar.
En consecuencia, se eliminarán todos los privilegios que las leyes han creado y que obstruyen, cuando no lo impiden del todo, el desenvolvimiento de servicios sociales en el campo de la educación, las pensiones y otros, dejando en libertad a las personas interesadas para que compitan prestándolos a la comunidad. El Estado podrá continuar prestando subsidiariamente tales servicios, pero sin impedir a los ciudadanos la opción de adquirirlos de otros que los presten en condiciones libremente aceptadas.
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